Conciliación y Arbitraje
José Gramunt de Moragas, S.J.

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En algún momento tenía que explotar. Así ha ocurrido con el anuncio de Telecom Internacional NV (ETI) – ENTEL - de demandar al Estado boliviano ante el tribunal de La Haya en cumplimiento del Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones suscrito por Bolivia, a causa de la decisión del Gobierno de ´nacionalizar´ o ´recuperar´ la empresa telefónica ENTEL.

Convengamos en que el mundo civilizado ha ido desarrollando mecanismos de protección frente a un sinfín de controversias que se plantean en estos azarosos tiempos en que vivimos. Pongamos en primer lugar a la emblemática Organización de Naciones Unidas cuya primordial finalidad es procurar la solución de los conflictos entre Estados por la vía pacífica. También se creó la Corte de Justicia Internacional, con sede en La Haya, destinada a tratar diferencias legales internacionales entre estados o entre éstos y particulares.

Ignoro el alcance de las sanciones y los medios coercitivos para imponerlas que posea ese Acuerdo de garantía a las inversiones. Pero cualquiera que sea el laudo arbitral que emita ese organismo, la parte litigante perdedora – pongamos que sea ENTEL - quedará marcada por la desconfianza internacional. Y si, contrariamente, el Estado boliviano es el perdedor, será un nuevo golpe sobre su confiabilidad. El caso de ENTEL se reproduce en la expropiación del Complejo Metalúrgico de Vinto. La empresa GLENCORE A. C., también ha recurrido al arbitraje o conciliación internacional. ¡Otra vez la inseguridad jurídica!

El que el Gobierno boliviano se haya retirado de esos acuerdos internacionales, justo cuando está desarrollando una política soberanista de nacionalización de empresas extranjeras, no le libera moralmente de cumplir sus obligaciones contractuales. O, al menos, el deber de procurar un arreglo razonable. A no ser que desee asumir el riesgo del descrédito mundial. Es cierto que hay que aceptar que el Gobierno es libre de tomar decisiones en virtud del principio de soberanía del Estado, siempre en función del bien común. Pero lo que aquí se trata no es del principio teórico puro y desligado de los condicionamientos realistas sino de la conveniencia práctica y justa. Amurallarse en la soberanía pero ahuyentar voluntariamente las inversiones extranjeras no parece lo más conveniente para el país. Y proceder al soplo de la imitación del bravucón de Hugo Chávez no es una conducta prudente. El venezolano sigue anunciando nuevas expropiaciones y se complace en hacerle higas a organismos internacionales tan importantes como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Allá él. Pero tengo la certeza de que las grandes entidades mundiales que rigen el mundo civilizado tienen más fuerza y seguridad de permanencia que los caudillos autoritarios, megalómanos y pasajeros.

Volviendo a los diferendos internacionales suscitados entre el Estado boliviano y empresas multinacionales, sería deseable que los organismos de conciliación y arbitraje lograran una de sus finalidades, la conciliación de los intereses recíprocos. Mucho dependerá de la buena voluntad y de la racionalidad de las partes litigantes. El emperramiento en quimeras ideológicas o en imitaciones perversas, es el principal impedimento para solucionar las discrepancias.

*José Gramunt, es sacerdote jesuita y director de ANF.