• EL CONVOY DE LAS CISTERNAS • El 11 de octubre de 2003, este convoy de cisternas llevó gasolina y diesel de la planta de Senkata a La Paz. Pero, a su paso dejó 30 personas muertas.

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Pero, en la acusación de la Fiscalía, que también se hace pública en el documento, se puede observar que el sustento principal del juicio de responsabilidades contra las tres ex autoridades por los enfrentamientos entre civiles y militares que dejaron como saldo 63 muertos y 400 heridos son dos órdenes escritas y un decreto supremo que ordenaban la intervención militar.

La Sala Penal I de la Corte Suprema de Justicia, señala el documento, declara rebeldes, “al tenor del artículo 89 del Código de Procedimiento Penal”, a las tres ex autoridades, quienes se ausentaron del país, inmediatamente después de que terminó la crisis que derivó en la renuncia de Sánchez de Lozada. “Por lo que se debe librar mandamiento de aprehensión contra dichos imputados (lo que ocurrió el 16 de enero)”. Además, declara arraigo, anotación de la hipoteca legal de sus bienes inmuebles en Derechos Reales, y designa abogados de oficio para su defensa.

El fiscal asignado, Milton Mendoza, explicó que “La Sala Penal I los declara rebeldes, y con los edictos se les hace conocer públicamente que tienen esa condición. Es una señal de respeto al debido proceso”.

Por otra parte, la acusación formulada por la Fiscalía se fundamenta en tres acciones concretas, que fueron aplicadas por Sánchez de Lozada, y ejecutadas por sus colaboradores: Primero, “haber instruido a las FFAA mediante nota de 20 de septiembre de 2003 en la que dispone \'movilizar y utilizar de manera inmediata la fuerza necesaria con el fin de restablecer el orden público y el respeto al estado de derecho en la región\'”. Lo que generó “la intervención de fuerzas combinadas, policías y militares, los días 19 y 20 de septiembre de 2003, en el denominado \'rescate humanitario\' de la localidad de Sorata, donde murieron cinco personas´.

Segundo, la nota del 11 de octubre de 2003, que instruía “disponer los recaudos necesarios para restablecer el orden en la ciudad de El Alto, instruyendo la defensa militar de las instalaciones estratégicas y de servicios públicos, así como instalaciones militares y policiales”. A esto se suma el tercer elemento, “el ilegal decreto 27209 de 11 de octubre de 2003... en el que se declara emergencia nacional, interpretando erradamente los artículos 7 y 11 de la Ley Orgánica de las FFAA, autorizando esta vez de forma oficial la intervención violenta de las FFAA para el transporte de vehículos cisterna de las instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, en la zona de Senkata, hasta la ciudad de La Paz, donde fallecieron 30 personas”.

El documento, en la parte de justificación de la acusación al ex Presidente, señala que “esta disposición viabilizó la ejecución de operaciones militares en La Paz y El Alto con la antelada previsión de responder por los daños personales que se ocasionen, esto quiere decir que a tiempo de suscribir el Decreto se materializa una decisión consciente, voluntaria y efectiva de causar daños reales a los bienes y la población civil. Los militares ejecutores de la acción no se encontraban legitimados para considerar a los bloqueadores, huelguistas y curiosos transeúntes como \'blancos de ataque\'´. Además, advierte que “los disturbios interiores generadores del conflicto de los meses de septiembre y octubre del 2003 no se encontraban proporcionalmente vinculados a la reacción, que de acuerdo a los datos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), ocasionaron 63 muertes y más de 400 heridos, la gran mayoría por armas de fuego de uso militar y policial”.

Además, “de acuerdo al testimonio prestado por el entonces Viceministro de Régimen Interior, Lic. José Elías Harb, el (ex) Comandante General de la Policía, Jairo Sanabria, refiere que no existía información proporcionada por los organismos de inteligencia de la Policía para pensar en la existencia de grupos armados irregulares, consiguientemente se colige que no existía un grado de confrontación armada, entendiendo este concepto como sinónimo de lucha abierta donde el nivel de violencia es recíproco”.

A partir de estas premisas, el Ministerio Público sostiene que el ex Mandatario y sus colaboradores cometieron genocidio, homicidio y lesiones seguidas de muerte. La Razón

Los nueve delitos

Genocidio • “La sociedad se convirtió en víctima del uso desmedido y desproporcionado de la fuerza militar´.

Homicidio • “La muerte de ciudadanos bolivianos a raíz del uso de armamento letal, dispuesto por el Gobierno”.

Lesiones gravísimas • “Por certificados médicos se establece que personas han sido lesionadas con serios impedimentos, como para el trabajo”.

Privación de libertad • “En los operativos de septiembre y octubre, “las fuerzas combinadas provocaron este delito con abuso y fuerza a varias personas.

Vejaciones y torturas • “Al menos tres personas dicen que fueron víctimas de ellas”.

Libertad de prensa • Directores de medios la denunciaron.

Allanamiento • “Los militares allanaban casas de campesinos”, señala el documento.

Incumplimiento de deberes • El Presidente no hizo cumplir las leyes, como manda la CPE.