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Autoridades, especialistas y prefectos coincidieron en afirmar que, en adelante, el futuro de las principales autoridades departamentales depende del rumbo que tome la Asamblea Constituyente, donde se definirá si su mandato continúa o se extingue. Por ejemplo, los asambleístas Raúl Prada (MAS) y Ricardo Pol (UN) opinaron que una vez que la población apruebe —mediante un referéndum vinculante— la nueva Carta Magna, se convocará a elecciones, es decir que el mandato de los prefectos no concluirá en cinco años. En todo caso, según dijeron dos prefectos, esto se definirá en el marco de la Constituyente. Algo que queda claro es que la visión de los representantes de Santa Cruz (como es el caso de Juan Carlos Urenda, asesor jurídico del Comité Cívico del departamento) o de las autoridades de oposición es la de la profundización de las autonomías, que se inició con la elección de estas autoridades departamentales. En cambio, la posición del prefecto de Chuquisaca, David Sánchez (MAS), es la de dejar el debate en manos de la Asamblea. Por su parte, el representante del Poder Ejecutivo, Fabián Yaksic, viceministro de Descentralización, señaló que si se aprueban las autonomías, no significará dar mayor poder a los prefectos, sino a las comunidades, para que participen de manera eficiente en la descentralización. Desde el punto de vista del prefecto de La Paz, José Luis Paredes, opinó que la profundización de las autonomías pasa por delimitar las atribuciones y apostó porque la nueva estructura del Poder Ejecutivo con los gobiernos departamentales deberá pasar por una conciliación y acuerdos con cada una de las regiones. “Se establece el principio de territorialidad, quiere decir que hay tres juridiscciones sobrepuestas dentro de un mismo espacio territorial”, dijo Paredes al explicar el espacio nacional departamental o municipal deberán coordinar, pero dependerá de las competencias que apruebe la nueva Constitución Política del Estado. La Paz, La Razón ANÁLISIS Iván Arias
Municipalista El avance de la autonomía no se detiene Para el Gobierno, las autonomías, es un problema y hacen todo lo posible por menospreciarlas. Empezaron eliminando el Ministerio de Participación Popular para reducirlo a una dirección y crear un Viceministerio de Descentralización que se ha dado a la tarea de elaborar una serie de “ideas innovadoras” que buscan bloquear, parar y minimizar el proceso autonómico. En vez de preocuparse por empoderar a los municipios y las prefecturas ha elaborado “sesudas” propuestas, primero, de autonomías indígenas y, luego, regionalización del país con el objetivo de cuestionar no sólo la legalidad de los actuales departamentos sino, la legitimidad de los prefectos. El desprecio por la gestión descentralizada y compartida no sólo se expresa en los municipios y prefecturas, sino se extiende a la Constituyente que está reducida al cuarto trasero del poder central y los asambleístas convertidos en ovejas que siguen los designios del tata central.
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